Rentar una vivienda en México también implica superar barreras de prejuicios y discriminación por parte de los arrendatarios.
El problema es más común de lo que se piensa. De acuerdo con una encuesta realizada por Lamudi en redes sociales, el 77% del total de participantes mencionó ser discriminado por su preferencia sexual al momento de buscar departamentos y casas en renta, y el 23% restante, por sus rasgos físicos.
El Artículo 1° de la Constitución Política Mexicana plantea que queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las
opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la
dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de
las personas.
Sin embargo, hay varias prácticas que continúan en sectores como el inmobiliario, según la última Encuesta Nacional sobre Discriminación, algunas personas están conscientemente predispuestas contra determinados grupos y, en pleno conocimiento, discriminan contra ellos.
El estudio arrojó que 39% de la sociedad mexicana rechaza rentar un cuarto de su vivienda a extranjeros; 38.5% a jóvenes y 36% a personas con SIDA/VIH.
Otras razones de discriminación son el ser transexual, gay o lesbiana, con entre 30 y 40 puntos porcentuales de la muestra en contra.
Con un promedio de 25%, las personas tienen problema con aceptar a personas con una religión distinta a la suya, afrodescendientes e indígenas; y por último, el 15% de las mujeres participantes y el 18% de hombres, nunca alquilarían a personas de la tercera edad o con discapacidad.
¿Qué hacer?
Ante tal panorama es pertinente saber qué hacer. Un experto consultado por Lamudi recomienda interponer una queja en el CONAPRED si has sido discriminado por cualquier motivo a la hora de buscar un inmueble. Si deseas hacerlo en la CONAPRED.
Las peticiones pueden presentarse por escrito, con la firma de la persona peticionaria y debe contener como datos mínimos de identificación, el nombre y apellidos, domicilio y en su caso número telefónico o correo electrónico de dicha persona, así como de la persona presunta agraviada.
De esta forma existe la posibilidad de que el organismo funja como un mediador entre ambas partes.
Recuerda que ante la ley todas las personas son iguales y no hay razones referentes a tu origen, rasgos físicos o preferencias que puedan ser utilizadas para negarte el acceso a una vivienda digna.
